Hasta su independencia en 1968, Guinea Ecuatorial disponía de una de las mejores infraestructuras sanitarias de África. Al estar situada en una de las zonas más insalubres del mundo, 10% del presupuesto del territorio iban destinados a la sanidad. La historiadora alemana Ruth Mayer estima que “ningún otro continente ha estado nunca tan íntimamente asociado a las condiciones de peligro como África”.
Algunos estudiosos de Guinea Ecuatorial han indicado que la primera preocupación de los colonos españoles, desde el siglo XIX, fue la salud y la higiene, pero subrayando que el propósito de la medicina colonial no fue primordialmente la salud de la población local sino un instrumento ligado a proyectos militares y misioneros destinados al bienestar del colonizador.
Cualquiera que fuera el caso e independientemente de los intereses propios del colonizador, es indiscutible que el nativo se benefició de aquella organización sanitaria, que instauró el pasaporte médico, los controles hematológicos semestrales obligatorios y gratuitos, la lucha contra las enfermedades tropicales y las principales endemias: la lepra, la tripanosomiasis, la tuberculosis. Difícilmente se puede cuestionar los avances entonces logrados en salud en comparación con nuestros vecinos.
Guinea Ecuatorial accede a la independencia el 12/10/1968 y Francisco Macías es elegido primer presidente de la República. El país cuenta entonces unos 300.000 habitantes. Durante su régimen (1968–1979), el país entra en una profunda degradación de todos los sectores de la sociedad, y particularmente el sanitario, con la pérdida de todos los avances hasta entonces logrados. Todo desapareció o se destruyó. Cuando decimos todos los sectores, estamos afirmando que la vida normal se hizo imposible en Guinea Ecuatorial. Se estima que cerca de un 15% de la población del país huyó entonces al exilio.
En los primeros años del régimen de Teodoro Obiang, a partir del 3 de agosto de 1979, gracias al apoyo de la cooperación sanitaria internacional, fundamentalmente la española, se registraron importantes mejoras en el sistema sanitario, con notable extensión de la cobertura sanitaria nacional y reactivación de la lucha organizada contra las endemias. Sin embargo, estas adquisiciones volvieron a sufrir un retroceso muy importante tras la retirada de la cooperación española en 1994.
Desde 2005, el presidente Obiang y su esposa se volcaron en la construcción de estructuras sanitarias con fondos públicos pero gestionadas de manera privada, para el beneficio de ellos mismos: centros La Paz de Bata (inaugurado el 11/06/2007) y Malabo, clínicas Virgen de Guadalupe de Malabo y Mongomo. Son estructuras relativamente modernas, prácticamente inaccesibles a la población llana, pero que tampoco han conseguido satisfacer las necesidades sanitarias básicas de los habitantes de Guinea Ecuatorial, puesto que muchos guineanos siguen desplazándose al extranjero para su atención médica. La única alternativa, para el pueblo llano, sigue siendo la sanidad pública carente del equipamiento adecuado o la medicina tradicional oscurantista y ritual, exterminadora de los más desprovistos.
De modo que a pesar de los avances conseguidos durante el periodo colonial y que colocaron a Guinea Ecuatorial entre los primeros niveles sanitarios de África, cincuenta años después de su accesión a la independencia, los sucesivos gobernantes del país no solo no han sido capaces de mejorar o, por lo menos, mantener dichas adquisiciones, sino que después de destruirlas, no están manifestando interés suficiente por las necesidades básicas de la población en este sector.
En efecto, la situación sanitaria actual de la rica Guinea Ecuatorial productora de hidrocarburos es, sin duda, la mejor ilustración de la manera en que el país está siendo dirigido y del modo de distribución de su riqueza. Los hospitales públicos se caracterizan por su falta de equipamiento, de medios técnicos y la poca atención que reciben de los poderes públicos. En casi todos ellos, es el propio paciente el que, para ser atendido, tiene que buscar compresas, esparadrapo, jeringas, agujas, equipos de perfusión o de transfusión, hilos de sutura, comprar su medicación, etc., con el riesgo real de perder su vida si no tiene dinero. La falta de interés de los gober-nantes por la mejora del sector está clara. Son escandalosas las desigualdades entre, por un lado, la gente rica, es decir, los propios gobernantes, sus familias y allegados, con suficiente capacidad adquisitiva para tratarse en el extranjero y, por otro lado, la inmensa mayoría de la población pobre que se muere de miseria sin atención médica adecuada en su propio país riquísimo en recursos naturales.
La organización propiamente dicha del sistema sanitario, la financiación del sector salud y la provisión de la atención sanitaria constituyen los principales escollos del sistema sanitario de Guinea Ecuatorial que, en este contexto de deficiencias generalizadas, devuelve una imagen de desorden, caos, arbitrariedad, extrema politización y abandono.
Un ámbito legal desordenado
Existe una multitud de textos legislativos sobre la actividad sanitaria en Guinea Ecuatorial. Pero se trata de documentos muy dispersos, generados por situaciones particulares o puntuales, que no responden a un programa planificado. Este esfuerzo por legislar se revela, pues, desordenado, incoherente y de muy poca utilidad. Son numerosas leyes promulgadas y órdenes ministeriales que se encuentran en los archivos del ministerio de Sanidad sin que nadie se acuerde de ellas, como la Orden Ministerial de 26/09/86, estableciendo los precios de los productos farmacéuticos, o la Orden Ministerial del 01/10/87, unificando los precios de los medicamentos de máxima necesidad, pero los precios de los medicamentos se establecen sin ningún tipo de control en Guinea Ecuatorial, donde cada farmacia pone sus precios. O el Decreto Nº37/90, del 24 de mayo, por el que se regula la asistencia médica, farmacéutica y hospitalaria en todos los hospitales y centros sanitarios oficiales del territorio nacional Decreto Nº37/90, del 24 de mayo, por el que se regula la asistencia médica y farmacéutica y hospitalaria en todos los hospitales y centros sanitarios oficiales del territorio nacional, pero nadie se beneficia de ella. O el Decreto-Ley N° 99/90, del 10/10/90, sobre creación en todo el ámbito nacional de los Comités de desarrollo y de salud distritales y los equipos de salud correspondientes; pocos conocen su existencia, y nadie sabe para qué sirven esos Comités ni qué hacen… La creación de numerosos Comités inservibles, es otro dato que revela tanto esfuerzo por legislar como escasa la aplicación de las normas.
Asignaciones presupuestarias ridículas y ficticias
Hasta la independencia: 10% del presupuesto del territorio iba destinado a sanidad.
Durante el régimen del presidente Macías, la degradación del sistema fue total. Desde la instauración del presente régimen del presidente Obiang, sobre todo desde que el país produce hidrocarburos, la tendencia presupuestaria se hace hacia el aumento teórico del volumen de dinero destinado a sanidad, mientras que el porcentaje de dichas partidas presupuestarias va disminuyendo drásticamente en relación con la riqueza del país.
En realidad, estas cifras son puramente teóricas, ficticias, puesto que el ministerio tutor nunca ha manejado físicamente estas sumas de dinero. De una manera general, la realidad es que parte de las partidas sociales, sobre todo las incluidas en los planes de inversión, se inflan con el propósito de presentar buenas cifras de gasto social que luego no serán ejecutadas.
En el cuadro que hemos elaborado, aparecen aquí
algunas de las sumas presupuestarias destinadas teóricamente a sanidad.
LOS GRANDES PROBLEMAS DEL SECTOR SANITARIO
Numerosos son los escollos en este sector, todas sus ramas confundidas (enfermería, parteras, medicina y cirugía, farmacia, biología, etc.):
Faltan los fundamentos elementales y conven-cionales para el ejercicio legal y ético de las profesiones sanitarias: no hay organizaciones o colegios profesionales; no hay códigos de deontología profesional de referencia; no existe estructura profesional cualificada con capacidad y autoridad disciplinaria para controlar con criterio objetivo el ejercicio y las acciones de dichas profesiones.
Faltan los equipos básicos necesarios para el ejercicio: aparatos de base, reactivos de laboratorio, medicamentos indispensables (productos anestésicos, fármacos especializados y específicos), consumibles médicos, (material de enfermería, agujas, hilos de sutura, compresas, desinfectantes, etc.), materiales quirúrgicos, etc., etc. El país está inundado de medicamentos falsos, llegando estos a venderse en carretillas ambulantes en los mercados y barrios, sin la debida reacción de la autoridad sanitaria. Estos productos falsos son responsables de importantes tasas de morbilidad y de mortalidad no cifradas por la autoridad pública. No hay proveedor oficial, fiable y regular de estos productos, lo cual explica la proliferación de todo tipo de tráficos en el sector, de falsificaciones (particularmente en los países de la subregión) y la grave escasez de los aludidos productos indispensables.
Faltan los medios básicos, fiables y seguros, de ayuda al diagnóstico. Por ejemplo, importantes hospitales públicos como los de Malabo y Bata no ofrecen servicios de radiología dignos de ese nombre; para las personas que viven con el VIH, los hospitales públicos no son capaces de realizar las pruebas de confirmación del diagnóstico, ni de conocer la carga viral y el equipamiento linfocitario de dichas personas; no ofrecen la posibilidad de explorar el corazón con un simple electrocardiograma (ECG). Las mujeres en periodo de actividad genital no pueden hacerse normalmente la prueba citológica (frotis) que permite la detección temprana del cáncer de cuello uterino, bastante frecuente en nuestro medio; los hombres maduros no pueden beneficiarse del control normal de su próstata; poder obtener un simple hemograma o pruebas bioquímicas de líquidos orgánicos supone una carrera de obstáculos. Estos ejemplos pueden multiplicarse como patologías encontremos.
Los recursos humanos nacionales de calidad son muy escasos debido al poco cuidado que se presta a su formación; y cuando existen, son infravalorados. No siempre es conocido el verdadero nivel de formación de los diferentes actores sanitarios. Este sector es un verdadero rio revuelto, un auténtico trastero en el que comerciantes ordinarios se convierten en farmacéuticos; auxiliares de enfermería trabajan como enfermeros; enfermeros trabajan como médicos y cirujanos; licenciados y doctores se confunden en una misma categoría profesional; doctores de sorprendente nivel…
No hay colegialidad en el ejercicio profesional: en Guinea Ecuatorial, no existe el necesario intercambio intelectual y profesional entre colegas, ni estructuras que lo favorezcan. No hay reuniones profesionales, ni conferencias, ni intercambio de experiencias, ni balance de actividades, nada…
No hay una verdadera Seguridad Social que ofrezca protección segura a todos los guineanos contra los “riesgos sociales”, es decir, la enfermedad, la maternidad, la invalidez, la muerte, un accidente laboral, una enfermedad profesional, la vejez, la familia. Y a esto se suma la gran pobreza de la población que limita el acceso de ésta a la escasa y mala atención sanitaria que se produce en el país. Es incomprensible e inadmisible que, con el nivel de la renta del país, el gobierno no haya sido capaz de garantizar una cobertura adecuada para los riesgos sanitarios y sociales a todos los guineanos, sin excepciones. Lo que en Guinea Ecuatorial se llama Seguridad Social es una entidad utilizada por el poder establecido como caja negra, poco eficaz y de acceso restringido. La cotización representa el 26% del salario base del afiliado. El empleado de una empresa solo paga el 4,5% de su sueldo, con el 21,5% a cargo del empleador.
El trabajador autónomo cotiza sobre la base de un salario de 90.000 F CFA, y paga la totalidad de la cuota (26%). Se trata de cantidades de dinero bastante desproporcionadas en relación con los salarios percibidos y que muy pocos trabajadores aceptan invertir en la prevención de unos riesgos sanitarios y sociales que, en la práctica, no se garantizan.
El país carece de una base de datos sanitarios reales que permitan guiar la programación de las políticas de salud.
Y, a la base de todo, la extrema politización de la actividad sanitaria, como se observa, además, en todos los sectores de la sociedad. La pertenencia clara, o la simpatía demostrada hacia el partido en poder es la clave para izarse a cualquier nivel social y ostentar responsabilidades técnicas muchas veces incluso cuando la formación del individuo no lo autorizaría.
El resultado final es lo que vive la inmensa mayoría de los guineanos: una inseguridad sanitaria general y un riesgo permanente para su salud.
PROPUESTAS DE MEJORA DE LA SITUACIÓN SANITARIA
Ante este panorama grave y desolador, urge modernizar la sanidad guineana.
Esta modernización pasa por la reforma profunda del Sistema Sanitario Nacional y la mejora de la calidad de vida de la población, lo cual requeriría:
Una voluntad política de mejorar la sociedad y una política sanitaria racional:
Un programa político que coloque la salud de los guineanos, y todo el sector social, entre sus principales preocupaciones y a la altura de sus necesidades, defina y planifique la acción sanitaria y contemple el rediseño de toda la estructura de dirección y gestión del Sistema Sanitario Nacional (SSN).
El Incremento del presupuesto de gastos destinado a Sanidad:
Este aumento del presupuesto de gastos del ministerio de sanidad podría estimarse hasta un 5-10 % del Presupuesto General del Estado.
La creación y puesta en marcha de instrumentos legales y deontológicos en el ejercicio de las profesiones sanitarias:
Con el fin de erradicar el ejercicio ilegal y el intrusismo en las profesiones sanitarias, se crearán colegios profesionales que regulen el ejercicio de todas las profesiones sanitarias.
Asimismo convendría proceder a la recopilación de todos los textos legales sanitarios existentes en el país con el fin de unificar criterios y elaborar un Código de la Salud Pública.
La creación de estructuras técnicas especializadas:
Puesta en marcha de un Servicio de Información Sanitaria (SIS) fiable que permita la toma fundamentada de decisiones sanitarias. La toma improvisada o azarosa de decisiones sanitarias, como sucede actualmente, debe desaparecer.
Creación de un “Centro Nacional de Control y Alerta de Enfermedades”, en estrecha colaboración con el SIS. Este centro de vigilancia, dirigido por epidemiólogos y profesionales de reconocida formación y competencia, permitirá la detección de brotes epidemiológicos y aconsejará la respuesta a adoptar en cada caso.
Creación de un Centro Nacional de Distribución de Medicamentos y de Material y Consumibles Médicos.
La reforma de la Seguridad Social
La seguridad social debe permitir que el guineano reciba la correspondiente y adecuada atención médica o social de calidad sin preocuparse por la financiación de dicha atención.
Todos los guineanos conocen las peticiones de dinero presentadas por gente ordinaria, difundidas por los medios del Estado, para ir a curarse fuera del país. La esposa del presidente, que siempre aparece como bienhechora, o su hijo, no son los que deben decidir quién debe beneficiarse de medios para curarse y quién no. La salud es un derecho.
Es conveniente organizar una Seguridad Social con ambición universal, estudiada para cubrir los riesgos derivados de la enfermedad, la maternidad, la invalidez, la muerte, un accidente laboral, una enfermedad profesional, la vejez o la familia, no solamente a los trabajadores de las empresas, sino también a la población campesina sin ingresos y a toda la población de Guinea Ecuatorial, estudiando y adaptando los criterios de cobertura a cada situación concreta.
ACCIONES DE CARÁCTER MULTISECTORIAL
Deben ser el resultado de la combinación entre la política de salud y la política de servicios sociales en general, ya que el bienestar social está directamente ligado al mejoramiento de la salud pública y de las políticas sociales. Las políticas sociales implican el mejoramiento de las condiciones del hábitat a través de una vivienda decente, el acceso al agua potable, la higiene de los alimentos, la restricción de los hábitos tóxicos (alcoholismo, tabaquismo, drogadicciones) la higiene y el saneamiento ambiental, el trabajo digno, la justicia, la política educativa y la redistribución de la riqueza.
