Un especialista en derecho internacional ha declarado hoy a Lusa que será «muy difícil» que Guinea Ecuatorial consiga la restitución de los bienes incautados por la justicia francesa en julio de 2012, tras la condena del vicepresidente del país por corrupción.
Por el contrario, es posible que «se haya llegado a algún tipo de acuerdo» que explique la decisión de Guinea Ecuatorial, el pasado día 19, de retirar una medida cautelar que había presentado a principios de mes ante la Corte Internacional de Justicia (CIJ) de Naciones Unidas para tratar de impedir la venta por parte del Estado francés de una valiosa propiedad en el número 42 de la avenida Foch -el distrito 16 de París-. confiscado tras la condena en 2012 de Teodoro Nguema Obiang Mangue, conocido como «Teodorín», e hijo del presidente Teodoro Obiang Nguema Mbasobo, dijo en declaraciones a Lusa Cecily Rose, profesora de la Facultad de Derecho de Leiden (Países Bajos), especialista en derecho internacional público.
«Pero estoy especulando», subrayó, admitiendo que le «encantaría» saber lo que «realmente ocurrió» y que está detrás de la decisión de Malabo de retirar el requerimiento, enviado el miércoles a la CIJ, y que llevó al tribunal de la ONU a cancelar las audiencias públicas previstas para los días 2 y 3 de noviembre.
Guinea Ecuatorial alegó que retiraba la solicitud relativa a las medidas cautelares «para centrarse en el procedimiento sobre el fondo, de modo que el tribunal pueda resolver el litigio a la mayor brevedad posible», lo que, según el experto en resolución de conflictos internacionales y transnacionales, no es probable que ocurra, en el mejor de los casos, antes de «un par de años».
«Si no hay ninguna objeción a la jurisdicción de la CIJ en relación con este caso, y si las partes intentan avanzar con el caso con cierta rapidez, es posible que el tribunal evalúe el fondo del asunto en un par de años, lo cual es mucho tiempo si tenemos en cuenta que el caso gira en torno a una propiedad que Guinea Ecuatorial quiere que le sea devuelta», dijo Cecily Rose.
Por otro lado, y si llega a ser juzgado por la CIJ, «será un caso difícil para Guinea Ecuatorial», en opinión del profesor de la Universidad de Leiden.
En primer lugar, porque «Guinea Ecuatorial no ha iniciado un proceso penal en su propia jurisdicción, lo que tiene una importancia fundamental en este caso, tanto desde el punto de vista jurídico como político», explicó.
Según el especialista, «es muy importante» que la justicia interna de Guinea Ecuatorial no haya asumido este caso como una conducta delictiva y que, sin embargo, haya iniciado un proceso judicial ante la CIJ en los términos de la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción, que exige la apertura previa de dicho proceso judicial en las jurisdicciones internas.
«El hecho de que Guinea Ecuatorial no lo haya hecho es jurídica y políticamente muy significativo», subrayó.
«Creo que la iniciación de procedimientos legales ante la CIJ fue una respuesta a la presión política interna», consideró el experto. «En otras palabras, el caso no se presentó sobre la base de una sólida posición jurídica de Guinea Ecuatorial, sino sobre la necesidad de recurrir a la justicia internacional para satisfacer las presiones políticas internas».
En este sentido, una decisión de la CIJ contra Malabo, pocos días antes de las elecciones generales -presidenciales, legislativas y locales- en el país, previstas para el 20 de noviembre, y a las que se presenta de nuevo Teodoro Obiang, tendría inevitables repercusiones políticas negativas a nivel interno, pero Cecily Rose, aunque considera los datos «interesantes», cree más en la posibilidad «de que se haya alcanzado algún tipo de acuerdo».
«Pero estoy especulando», admitió también. La experta llamó la atención sobre el hecho de que los procedimientos de la CIJ «no son rápidos, al menos según los estándares de algunas jurisdicciones nacionales», lo que, siendo esta «la naturaleza de las cosas», resulta especialmente apremiante dada la amenaza de un prolongado estancamiento sobre la propiedad en disputa.
Por ahora, señaló Cecily Rose, lo que GE quería con la orden judicial era impedir que Francia vendiera la propiedad. La decisión de retirarlo hace pensar que «pueden estar pasando muchas cosas detrás del escenario», admitió.
«Podría ser que las partes estén trabajando en un acuerdo extrajudicial, podría ser que Guinea Ecuatorial se diera cuenta de que no tenía una posición fuerte para la interposición del requerimiento -que creo que era el caso- y también podría ser que Malabo esté reconsiderando la fuerza de su posición en el caso en general», aventuró además.
Pero «es muy poco probable que Guinea Ecuatorial gane este caso», reiteró.
En cuanto al destino de los bienes incautados por la justicia francesa, Rose admite que París «puede incluso devolver los bienes, basándose en fuertes argumentos políticos», pero no prevé que lo haga por imposición de la justicia internacional, que debería «dejar abierta la resolución de lo que va a pasar con los bienes y entregar esta decisión a las partes».
En cualquier caso, y en un escenario como éste, añadió, «hay varias hipótesis posibles, algunas de las cuales incluyen la entrega de los activos [o su valor] a entidades ajenas al Estado [ecuatguineano]».
La Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción de septiembre de 2003 «no crea muchas obligaciones en relación con Francia desde el punto de vista de los posibles derechos al dinero que Guinea Ecuatorial puede reclamar», dijo.
En julio de 2021, la justicia francesa condenó definitivamente a Teodorín en un caso de corrupción y blanqueo y confirmó el decomiso de los bienes de lujo adquiridos fraudulentamente. Uno de los elementos de ese patrimonio es una lujosa propiedad situada en la avenida Foch de París, que Malabo afirma que albergó su embajada, pero que la CIJ rechazó en 2020, dando la razón a la justicia francesa, según la cual la propiedad en cuestión nunca tuvo el estatus de misión diplomática.
Guinea Ecuatorial recurrió a la CIJ en virtud de la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción, impugnando la incautación de bienes por considerar que los bienes incautados son propiedad del Estado y no de Teodorín y, en consecuencia, alegando la existencia de un «delito de malversación de fondos públicos» por parte de Francia.
