Hoy, día 3 de agosto, se celebra el aniversario de la toma del poder por los militares en Guinea Ecuatorial en 1979. Cuarenta años después conviene analizar la evolución que ha tenido nuestro país en el orden político, económico y social.
El Comunicado emitido por los militares el día 3 de agosto de 1979 comenzaba así: “El pueblo de la República de Guinea Ecuatorial, desde hace casi 11 años, viene soportando la situación caótica impuesta por el régimen dictatorial del Presidente Macías Nguema Biyogo, que ha sumido al País bajo un estado de total anarquía, terror, asesinatos, mala administración, miseria; con la violación sistemática y persistente de los derechos fundamentales del ciudadano guineano y extranjero”.
Estos son los hechos por los que se justificó la acción militar iniciada el día 3 de agosto de 1979. Ahora bien la pregunta que cabe hacer, para la reflexión, cuarenta años después, es: ¿al día de hoy, cómo ha evolucionado la situación descrita?
Sumido en la euforia por la caída del anterior dictador, el pueblo de Guinea Ecuatorial tardó bastante tiempo en darse cuenta de la naturaleza del régimen actual. Muchos compatriotas participaron en las operaciones militares para derrocar al dictador Mesee M´Ngema movidos por los ideales que se anunciaron en el ya aludido Comunicado: “la imperiosa necesidad de restaurar la moral, la personalidad, la dignidad y la recuperación de los valores del pueblo”. Pero para un buen analista, el dictador Obiang tardó muy poco en mostrar su verdadera cara, con la eliminación paulatina y sistemática de todos aquellos que realmente tomaron parte activa y decisiva para acabar con el régimen del anterior dictador, de suerte que al día de hoy se puede afirmar que prácticamente los verdaderos artífices del 3 de agosto han sido reducidos a la nada: los primeros afectados fueron dos de las personas claves para el éxito de las operaciones del 3 de agosto, Florencio Meyé M´Elá y Felix Mbá Ntsama, cesados pocos meses después de sus funciones de Vicepresidente y Comisario de Asuntos Exteriores y Comisario de Interior del Consejo Militar Supremo, respectivamente; luego le tocó el turno al segundo Vicepresidente y Comisario Economía, Salvador Elá Zeng, más adelante, al jefe de la columna que subió a Mongomo desde Bata, Eulogio Oyó Riquesa y así poco a poco fue apartándolos; muchos han muerto asesinados vilmente por Obiang, otros han muerto o están en una situación de indigencia a la que los ha sometido y el resto, dos o tres personas a lo sumo, siguen en la administración y en mayor o menor medida marginados.
Como se ha señalado arriba, muchos compatriotas participaron en las acciones del 3 de agosto de 1979 efectivamente para cambiar el rumbo político de nuestro país, en el sentido de promover la instauración de un Estado que fuese capaz de impulsar un desarrollo político económico y social en beneficio de todos los habitantes de Guinea Ecuatorial. Pero, por desgracia para todos, el único que no tenía nada de esto en su mente era precisamente la persona a la que sus compañeros de armas pusieron al frente del gobierno militar que estaba llamado a pilotar un periodo de transición política que debía acabar con la devolución del poder a los civiles. Evidentemente Obiang tomó el poder para quedarse y no para volver al cuartel.
De hecho, desde el 3 de agosto de 1979 a la fecha de hoy vivimos en un régimen militar, a pesar de los maquillajes de todo tipo que ha llevado a cabo el dictador para aparentar que Guinea Ecuatorial es un Estado democrático. Tal afirmación está corroborada, entre otros, por los siguientes hechos: 1) Obiang asciende al poder con la graduación militar de Teniente Coronel, disuelve el Consejo Militar Supremo siendo ya Coronel. Al asumir la presidencia de la República en 1982, cuando teóricamente los militares traspasan el poder a los civiles, debía pasar la situación de retirado del ejército, pero en el año 1986 se auto-asciende a General de Brigada. Y la cosa no termina aquí, en el año 1991 se adopta una nueva Constitución para introducir el pluralismo político y como consecuencia de ello se promulga una ley, en enero de 1992, que regula la creación y funcionamiento de partidos políticos; dicha ley prohíbe taxativamente la afiliación a partidos políticos de miembros de las fuerza armadas y de la seguridad del Estado. Sin embargo, desde la adopción de dicha ley el presidente del PDGE firmó su propio ascenso a General de División en 1996, a Teniente General en 1999 y a Capitán General en 2004. 2) En la misma línea podemos citar el caso de su hijo, vicepresidente de su partido y vicepresidente de su padre, sin formación militar alguna, al que en octubre del año pasado ascendió al grado de General de División. 4) En un país como el nuestro, con apenas 1 millón de habitantes, para el régimen es un escándalo que existan 16 o 18 partidos políticos (muchos de ellos prefabricados por el propio régimen) y consideran normal que en las fuerzas armadas y de la seguridad del Estado hayan más de 70 Oficiales Generales. 5) Todos los militares están afiliados al PDGE y atropellan a la población civil con toda impunidad. 6) Aquí el uniforme militar en lugar de inspirar confianza en el ciudadano, inspira miedo. Es muy elocuente, en este sentido, constatar la diferencia salarial entre civiles y militares: un soldado raso, después de seis a nueve meses en una academia militar, tiene un salario base superior a un doctor en cualquiera materia; quien ha conducido en las ciudades de Malabo y Bata habrá observado que para los militares no existe el código de circulación, los semáforos sólo existen para conductores civiles.
Como ya lo hemos señalado, Obiang Ngema subió al poder para quedarse y no fue una casualidad. Puso en marcha su plan desde mucho antes de 1979, se granjeó primero la confianza de su tío Mesee M´Ngema con inventos de golpes de estado, técnica mediante la cuál consiguió eliminar a varios políticos que él consideraba un obstáculo para sus aspiraciones, con lo que logró una ascensión vertiginosa en el escalafón militar; en el mismo sentido provocó la caída en desgracia de la práctica totalidad de todos sus compañeros de la academia militar de Zaragoza, a lo largo del régimen anterior y últimamente la eliminación y/o anulación de todos los verdaderos artífices de la acción militar del 3 de agosto de 1979.
Cuando se produce el golpe de estado de 1979, Guinea Ecuatorial estaba en el punto de mira del Consejo Económico y Social de las Naciones Unidas. La cuestión de violación de derechos humanos en Guinea Ecuatorial se plantea por primera vez en la Comisión de Derechos Humanos de dicha institución en 1974, por una denuncia de la Unión Belga para la Defensa de la Paz. En años sucesivos, grupos de exiliados guineanos multiplicaron dichas denuncias; el gobierno siempre esgrimía el argumento de que los informes que llegaban a la Comisión eran informaciones de grupos financiados por los colonialistas en su intención de re-colonizar el país y a pesar de los múltiples llamamientos no se prestó a colaborar con la Comisión para esclarecer el contenido de las acusaciones.
A la vista de la situación señalada, en su 35º periodo de sesiones, el Consejo Económico y Social adoptó, en marzo de 1979, la resolución por la que se decidió dejar de tratar confidencialmente el caso de violación de los derechos humanos en Guinea Ecuatorial y se designó un Relator Especial, para que estudiara a fondo la situación de nuestro país y rendir posteriormente el correspondiente informe. Es así que dicho Relator llega a Guinea Ecuatorial a principios del mes de noviembre de 1979, tres meses después del golpe de estado. Y a partir de aquí ya se pone de manifiesto la verdadera personalidad del designado presidente del Consejo Militar Supremo.
La visita del Relator era una buena oportunidad para que el presidente y el gobierno del Consejo Militar Supremo reafirmaran su voluntad de obrar para que en el país no se diera más la situación de violación de los derechos humanos que había propiciado el régimen anterior y que, como ya se ha señalado justificó el golpe de estado. Sin embargo, llama mucho la atención la notable falta de colaboración de los responsables del gobierno, desde el propio presidente que ni siguiera se dignó recibir en audiencia al Relator.
Por la señalada actitud del presidente, es fácilmente comprensible que después hiciera caso omiso a las recomendaciones del Relator en relación a una transición política, porque no cuadraba con sus ambiciones.
Efectivamente en su informe, el Relator señala que el gobierno de Guinea Ecuatorial no parece prestarle la debida atención al problema de la promoción y defensa de los derechos humanos, lo que induce a pensar que el presidente tenía recelos que saliera a relucir su nombre como autor de las múltiples tropelías cometidas. No obstante, el Consejo Económico y Social de las Naciones Unidas se volcó para prestar el apoyo necesario al gobierno del Consejo Militar Supremo para que el país pudiera lograr el restablecimiento efectivo de los derechos humanos y las libertades fundamentales; para lo cuál elaboró, previa conformidad de las autoridades nacionales, un programa de acción para lograr dicho objetivo.
El calendario de dicho plan abarcaba de 1981 a 1984, periodo en el que se programó una serie de acciones para dotar al país de normas jurídicas democráticas que posibilitasen la conformación de instituciones fuertes. El plan contemplaba como prioridad la elaboración de la legislación básica, para llenar el vacío legal existente; la organización de la administración pública y de un sistema judicial adecuado; la elaboración de una nueva Constitución, su aprobación por una Asamblea Constituyente y su ratificación mediante referéndum popular y finalmente iniciar los procesos electorales necesarios para dotar al país de las instituciones de gobierno y administración necesarias.
Todo lo referente al plan señalado no cuadraba con las aspiraciones de Obiang Ngema, porque suponía la posibilidad de que el pueblo recuperase su soberanía y la instauración de una democracia real en Guinea Ecuatorial. Razón por la cuál no le interesó a su gobierno llevar a cabo la ejecución de dicho plan.
El plan se presentó al gobierno en agosto de 1981 y ya en mayo de 1982 Obiang pide expertos al Secretario General de la Naciones Unidas que ayudaran en la elaboración de una Constitución, los que efectivamente llegaron, aunque para simplemente emitir algunas observaciones sobre una Constitución que ya había sido elaborada a la medida del dictador. Dicha Constitución se promulgó por el gobierno del Consejo Militar Supremo el día 3 de agosto de 1982 y adoptada en referéndum el día 15 del mismo mes, consagrando a Obiang Ngema presidente de Guinea Ecuatorial por un periodo de 7 años, según lo dispuesto en la disposición adicional del texto sometido a votación.
El plan de las Naciones Unidas daba vigencia al gobierno del Consejo Militar Supremo hasta el año 1984, pero Obiang preferió quemar etapas para lograr su objetivo. Efectivamente se le dota a Guinea Ecuatorial de una Constitución elaborada no por un Poder Constituyente, que hubiera supuesto la muestra de una voluntad de lograr el mayor consenso posible, sino por unas personalidades designadas a dedo por el propio dictador, que trabajaron bajo sus instrucciones hasta darse el hecho anecdótico de que el texto que se les puso a disposición no lo podían llevar fuera de la sala de sesiones, es decir, fuera de los comisionados nadie más debía tener conocimiento del borrador que les fue sometido a examen, al puro estilo del régimen anterior.
No existía libertad de expresión, ni medios de comunicación sin censura que hubieran permitido la discusión útil del Proyecto de Constitución, con la participación de un amplio sector de la población. No se había elaborado una Ley de Asociaciones, que hubiera permitido iniciar la organización de la sociedad civil que permitiera una participación inteligente y responsable en los asuntos públicos. Guinea Ecuatorial no disponía de una Ley Electoral.
El engaño de Obiang al pueblo, que no tenía experiencia real de participación en la vida política, fue que con la adopción de la nueva Constitución se entregaba el poder a los civiles.
La Constitución de 1982 fue la piedra angular que cimentó la dictadura de Obiang. Con la misma, asume de facto todos los poderes del Estado: es presidente del ejecutivo, nombra y separa libremente a todo el personal del poder judicial incluso con la facultad de revisar las sentencias dictadas por los tribunales (disposición transitoria segunda); asume de pleno derecho las funciones legislativas contempladas en la Constitución, hasta que se ponga en marcha el órgano legislativo (disposición transitoria primera), que no se constituyó sino más de un año después. Especial mención cabe hacer del hecho de que Obiang nunca hizo posible la puesta en marcha del Consejo de Estado, recogido en la Constitución y que se contemplaba como órgano que debía ejercer la fiscalización del desarrollo democrático de la vida política y social de Guinea Ecuatorial y velar por la constitucionalidad de las leyes.
Con las premisas descritas, y como veremos más adelante, Obiang tuvo las manos libres para hacer y deshacer a su antojo todo lo relacionado al desarrollo político, social y económico de Guinea ecuatorial. (CONTINUARÁ)
