Capítulo 68. TRES DÍAS EN GUINEA.
Nueve años después del golpe que derrocó a Macías y del comienzo de la operación de cooperación exterior más ambiciosa emprendida por España en este siglo, una comisión de parlamentarios viajó a Guinea Ecuatorial para analizar en tres días lo realizado allí durante casi una década.
Los nueve diputados españoles, como posiblemente les parecía excesivo pasar siete días en Guinea Ecuatorial y al haber un solo vuelo semanal directo entre Europa y Malabo, tuvieron que viajar a Ginebra para enlazar con un vuelo hasta Duala, Un Aviocar de la cooperación española les recogió el miércoles 28 de octubre, por la mañana, de la ciudad camerunesa para trasladarles hasta Malabo. Tardaron unas 24 horas para recorrer los casi 6.000 kilómetros que hay entre España y su antigua colonia.
Ninguna autoridad guineana acudió al aeropuerto de Malabo para recibir a los parlamentarios españoles, encabezados por el socialista Ciríaco de Vicente, según medios guineanos debido a que era «un asunto interno de la cooperación española».
En su primera jornada, los diputados visitaron las instalaciones de Radio África 2.000, creada por la cooperación española para cumplir funciones educativas y culturales, que estaba a punto de inaugurarse, con dos años de retraso sobre los plazos previstos.
Mientras los parlamentarios visitaban el Colegio de España, dirigido por la cooperación y donde estudian los hijos de los españoles que residen en Malabo, junto con los hijos de los altos funcionarios del país africano, las autoridades guineanas convocaron al grupo de periodistas españoles que seguían a los diputados. El ministro de Asuntos Exteriores, Marcelino Nguema, afirmó que el hecho de haber solicitado la profundización en la francofonía, no significa que Guinea Ecuatorial haya renunciado a pertenecer a la comunidad hispánica de naciones y aseguró que en el país no se permitiría que el español fuera «relegado del lugar que le corresponde».
Eloy Eló, en la misma rueda de prensa, comentó a los periodistas algo que también debió reiterar a los diputados, pues el «ideólogo» del régimen lo repitió en varias ocasiones por aquellas fechas: en Guinea no hay opositores, sino «disidentes». Eló afirmó que España no conoce la realidad africana y prueba de ello es que «Francia no dice a Camerún o Senegal que deben democratizarse». El ministro considera que África debe vivir un largo proceso, como ocurrió en Europa, antes de poder contar con partidos políticos. Eló reiteró sus acusaciones de Ineficiencia en la cooperación española.
En aquel primer día de visita a Guinea los diputados conocieron algunas obras de la cooperación española, se entrevistaron con los jefes de áreas, y fueron recibidos por los ministros de Asuntos Exteriores, Relaciones con el Parlamento y con el presidente de la Cámara de Representantes del Pueblo.
El día siguiente, jueves, los parlamentarios se desplazaron a Río Muni para visitar los hospitales y centros escolares de Evinayong y de Niefang, en el interior del territorio continental. En Evinayong almorzaron en una granja agrícola, dirigida por la cooperación, con las autoridades locales y cooperantes españoles destinados en el interior del país. Por la noche, en Bata, recibieron a los empresarios españoles establecidos en Río Muni.
Los diputados volvieron a Malabo el viernes, tras visitar por la mañana el hospital de Bata y el centro de la UNED en la capital continental y reunirse con cooperantes. Por la tarde, el presidente Obiang les recibió, después de hacerles esperar cinco horas. En un principio la entrevista estaba fijada para la tarde del viernes, pero Presidencia pidió a la Embajada española que se adelantara la cita. Esto obligó a los parlamentarios a regresar apresuradamente de Bata.
Cuando por fin entraron en el despacho de Obiang, el presidente guineano se disculpó ante los parlamentarios por no haberlos podido atender correctamente, según dijo porque hasta su estancia en París, una semana antes, no había sabido nada del viaje de los diputados. Obiang afirmó que la cooperación española no había funcionado tan mal y que su Gobierno estaba contento con lo realizado, aunque pidió que aumentara y mejorara. Señaló que la visitas de los parlamentarios para analizar los problemas de la cooperación era un problema interno de España, pidió que entre España y Guinea hubiera «un diálogo sincero» y reiteró su disposición a viajar a España para entrevistarse con el rey Juan Carlos y con Felipe González, siempre que fuera invitado en forma oficial.
Obiang aseguró a los diputados que tendría en cuenta el deseo de la opinión pública española para aplicar alguna medida de gracia en favor de los condenados unos días antes, casi todos seguidores del PP de Severo Moto. De todas formas, insistió en que el proceso de democratización de Guinea Ecuatorial debía ser «lento y seguro, para evitar las convulsiones que llevan a la anarquía».
El presidente guineano entregó a los diputados un informe sobre la cooperación española, elaborado por algunos de los ministros de su Gabinete. «Yo no he tenido tiempo de estudiarlo», afirmó Obiang dejando con la boca abierta a más de un diputado español todavía no familiarizado con las cosas de Guinea. En estos treinta folios, titulados «Breve análisis de la cooperación española desde 1981», se aseguraba que el Gobierno guineano desconoce el dinero empleado por España en la cooperación y cómo se han ido gastando los fondos.
Junto con algunas reclamaciones muy razonables se alternaban otras que, de aplicarse, imposibilitarían una tarea de cooperación seria o que denotaban la ansiedad guineana por determinados objetivos materiales. Por ejemplo, entre las ocho recomendaciones que podrían servir para «mejorar las relaciones de amistad y cooperación felizmente existentes entre los dos países», estaba el que se fueran traspasando los vehículos y equipos al Gobierno guineano a medida que terminaran los proyectos. Según el informe, revelado por El País, los guineanos deseaban definir claramente el papel de cada uno de los responsables de la cooperación y de las diversas áreas, que ambas partes estudien y negocien conjuntamente la dotación, de presupuestos y que se haga una evaluación periódica de los programas de cooperación.
Tampoco les falta razón a los guineanos cuando comentan, que tienen televisión desde 1980 y que se han realizado cursos periódicamente, pero «no existen en la plantilla de Televisión de Guinea Ecuatorial técnicos guineanos capaces de resolver las mínimas averías que se producen en los centros emisores cuya solución sigue siendo un secreto de la cooperación española». Otro tema que no tiene paliativos es el fracaso en la ayuda para poner en marcha el diario Ébano.
Sobre el área de educación y deportes, los guineanos se quejaban de que «a partir de 1984 se observa deficiencia en la cantidad y calidad del personal docente de la cooperación técnica española». Sin embargo, el Gobierno guineano reconocía «la enorme labor que ha realizado la cooperación sanitaria española», pero se lamentaba de reducciones que estaban desequilibrando el desarrollo sanitario en algunos departamentos del país.
Los guineanos se quejaban de que estaban «estancados» una serie de proyectos relacionados con la pesca, como una red de frío, depósitos de combustible y la concesión de líneas-crédito para adquirir buques. «El crédito concedido para adquisición de tres barcos pesqueros fue utilizado por los propios españoles que, en lugar de comprar barcos nuevos, se trajeron a Guinea tres chatarras reacondicionadas que sólo resistieron cuatro meses de funcionamiento», decía el análisis.
El informe del Gobierno guineano provocó «tensiones y malestar en el Gobierno español, que consideraba que la entrega del documento a los parlamentarios era un paso más de la estrategia guineana para desprestigiar a la cooperación española y justificar así su acercamiento a las tesis francesas», afirmaba el semanario El Independiente.
El sábado 1 de octubre los parlamentarios españoles abandonaron Malabo en el vuelo de Iberia, 72 horas después de su llegada, tras realizar una visita «muy importante y positiva», pues les había permitido conocer «de primera mano los logros y carencias de la cooperación española». Se traían el informe del Gobierno guineano, otros de los responsables de la cooperación y un tercero, muy critico, de la Federación de Religiosos de la Enseñanza (FERE), en el que se dudaba de la voluntad del Gobierno español por llevar adelante una verdadera cooperación con Guinea y afirmaba que el Gobierno guineano estaba «decidido a una lenta pero progresiva francofonización del país».
A su llegada a Madrid, en un vuelo mucho más agradable que el de ida -simplemente con una escala en Lagos, sin descender del avión- los parlamentarios declararon que era necesario que la cooperación cambiara radicalmente de orientación, aunque regresaban «impresionados» por la labor que desempeñaban los cooperantes.
Un diputado dijo que el viaje le había parecido «triste y necesario» para esclarecer muchas incógnitas que se habían planteado sobre la cooperación y constatar la existencia de numerosas lagunas o determinadas realidades como el hecho de que los 20.000 millones de pesetas gastados en Guinea desde 1979 se habían empleado, en casi un 80 %, en pagar los sueldos de los cooperantes españoles. También constataron la necesidad de contar con un banco español en Guinea.
Iñaki Anasagasti, portavoz del PNV y miembro de la comisión parlamentaria que estudia la cooperación con Guinea Ecuatorial, manifestó a Europa Press que la política de Fernando Moran, cuando estuvo al frente del Ministerio de Asuntos Exteriores, llevó a la ex-colonia española a «una situación de UVI». «Es el gran culpable, a mi juicio, de la situación de Guinea Ecuatorial», subrayó Anasagasti tras haber visitado Guinea y entrevistarse con numerosos cooperantes, guineanos y personas relacionadas con el tema, Según el político vasco, «lo importante es saber qué va a hacer España en el futuro, no el debate de corrupción sí, corrupción no».
No deja de ser lamentable que fuera a finales de 1988 cuando el Parlamento español se daba cuenta de que «si seguimos con la actual política humanitaria dentro de diez años Guinea será ya un país francófono». Anasagasti se cuestionaba que «si realmente se considera importante a Guinea como la llave de África, con interés concreto estratégico, de habla castellana, entonces se debe dar un giro radical a la cooperación y a la política que el Gobierno socialista está desarrollando en la ex-colonia». La clave de la relación de España con Guinea, según Anasagasti, es si el Gobierno está dispuesto a incluir a la ex—colonia en los Presupuestos Generales del Estado «como si fuera un gran ayuntamiento español». «Este es el nudo gordiano de la. cuestión, Y no se le puede dar más vueltas al tema. O cambiamos de mentalidad, y doblamos o quintuplicamos el presupuesto español para Guinea, o este territorio africano lo abandonamos definitivamente y que sea un país francófono».
Otro miembro de la comisión, el diputado de Izquierda Unida Manuel García Fonseca, planteó que durante la visita a Guinea no pudieron averiguar si el sargento Mico estaba vivo todavía y que no le preguntaron esto a Obiang para evitar temas conflictivos. «Personalmente tengo la impresión de que no vive, porque si no, no se entendería este silencio», dijo el diputado comunista.
García Margallo opinaba que eran «escandalosas» las declaraciones de Yáñez sobre la suerte de Mico, pues el secretario de Estado había manifestado que «el Gobierno español se comprometió sólo durante un determinado período de tiempo» a que se respetara la vida del sargento implicado en el golpe estado en 1983.
Luis de la Rasilla acusó a los gobiernos guineano y español de haber firmado «un pacto de silencio» que incluía la situación de Mico y las deficiencias de la cooperación.
Fernando Moran se vio obligado a hacer algunas puntualizaciones ante los muchos comentarios aparecidos en la prensa española durante los meses de septiembre y octubre de 1988 y aseguró que Guinea Ecuatorial ha estado en la UVI desde 1969, debido a «factores estructurales y errores de parte y parte». El ex-ministro comenzó una tribuna de opinión en El País recordando la historia de Guinea Ecuatorial y el deficiente proceso descolonizador español que condujo a la presidencia de Francisco Macías. «Dado el carácter del llamado «golpe de libertad» en 1.979, los datos que permiten la relación sobre la cual la cooperación tengas sentido y eficacia no se dan», afirmaba Moran, dando por seguro el fracaso de la ayuda española debido a las condiciones existentes.
Los elementos «esenciales» para que una relación poscolonial sea fluida son, según consideraba Morán en octubre de 1988, un sistema de cooperación en materia de formación de defensa, mediante la presencia de asesores y cooperantes militares y de fuerzas de seguridad, un sistema de convertibilidad de la moneda y un compromiso de participación en el control del gasto por su incidencia sobre la moneda. El diplomático socialista afirmaba en el mismo artículo que el Gobierno español de 1979 «calcula que los riesgos exceden a las ventajas» de enviar tropas a Guinea. Aunque Moran no lo mencionaba en 1988, en abril de 1980 dejó muy claro, en dos artículos aparecidos en Diario-16, su opinión contraria al envió de tropas por una serie de razones ya comentadas en capítulos anteriores. Ocho años más tarde reconocía que esa decisión de no mandar tropas dificultó toda la actuación posterior española en Guinea.
Tras apuntar que se han superado crisis muy graves entre Guinea y España «como la de 1983, que pudo conducir a un conflicto directo», Moran indicaba que debía proseguir la ayuda humanitaria española a Guinea, «pero para que cualquier cooperación de todos sus frutos hay que reconstruir las bases de una relación global», cosa que el diplomático no explica como podía realizarse al final de la década de los 80.
Uno de los acuerdos firmados entre las delegaciones de Francia y España en la cuarta reunión interministerial, celebrada en León a primeros de octubre de 1988, fue la armonización de las respectivas políticas de ayuda a Guinea Ecuatorial, cuestión que el ministro de Exteriores, Fernández Ordóñez, no comentó en el resumen que hizo de los acuerdos más importantes, pero que a preguntas de los periodistas reconoció que se había tratado este asunto, como si fuera un tema menor o que conviniera, una vez más, limitar su trascendencia pública.
La oposición parlamentaria solicitó que el presidente del Banco Exterior de España, Miguel Boyer, explicara ante la Comisión encargada de estudiar la cooperación en Guinea Ecuatorial cómo se había realizado la liquidación del Guinextebank y que divulgara el nombre de los empresarios españoles y miembros del Gobierno guineano que no devolvieron los créditos, por una suma total de casi 1.600 millones de pesetas. El diputado Jordi Casas dijo que de la auditoría del Banco se deduce que hubo «una pésima gestión, porque no se persiguió a los morosos y se liquidó por una miseria lo que había sido una inversión millonaria».
Boyer compareció ante la comisión el 21 de octubre y afirmó que desde 1985 intentó sacar al BEE de Guinea Ecuatorial, cosa que no pudo hacer por el «enfrentamiento» que dijo existía entre el Ministerio de Asuntos Exteriores, con políticas «extraordinariamente generosas» para con Guinea, y el de Economía, que basado en razones objetivas pedía la retirada del BEE. Para Boyer, el Guinextebank estuvo «mal concebido al permitirse que escapara al control español» y al consentir presiones en su gestión «en beneficio de la oligarquía política guineana». Afirmó que el BEE no salió del banco mixto hasta 1987 porque el Gobierno español quiso evitar «una perturbación seria a Guinea» y emprendió una operación «generosa», que consistió en no dar más fondos aunque sí créditos, lo que retrasó el final y agudizó los problemas. Finalmente, España decidió conceder una ayuda de 1.400 millones de pesetas, a fondo perdido, para sanearla institución, con la condición de que se devolvieran los depósitos que tenían algunos españoles, por una suma de unos 300 millones de pesetas.
El presidente del BEE se acogió a la ley del secreto bancario para no difundir la lista de morosos, aunque declaró que estaba dispuesto a entregarla al parlamento si se lo autorizaban.
«Yo le dije un día a Moran que si nadie se interesa por Guinea, a lo mejor es que no merece la pena interesarse», manifestó Boyer en una suerte de síntesis de su actitud hacia el país africano.
El vicepresidente del BEE, Rafael Martínez Cortiña, repitió la historia de la pistola encima de la mesa por la que los españoles se vieron se vieron obligados, en 1980, a aceptar una participación del 50 % en la gerencia del Guinextebank y afirmó que los funcionarios guineanos «nos han chuleado».
El mismo día que Boyer y Martínez Cortiña declararon ante la comisión que estudiaba el caso de Guinea, Fernández Ordóñez compareció ante la Comisión de Exteriores del Congreso para informar sobre los consejos de guerra contra los opositores guineanos. El ministro declaró que «es un deber para España la cooperación con Guinea Ecuatorial» y pidió prudencia a los parlamentarios «porque es una nación extranjera con la que mantenemos relaciones diplomáticas».
Sin embargo. Fernández Ordóñez no tuvo que declarar ante la comisión de estudio sobre la cooperación. Su presidente, el socialista Ciriaco de Vicente, rechazó una petición de la oposición para que el ministro compareciera. Los representantes de la oposición presentaron un recurso de amparo ante el presidente del congreso, Félix Pons, para que pidiera al Gobierno que entregara a la cámara el estudio elaborado por el Ministerio de Asuntos Exteriores en 1987 sobre la cooperación en el que se descubrieron casos de irregularidades.
El encargado de defender la posición de Exteriores fue Luis Yáñez, al afirmar que los fracasos de la cooperación financiera en Guinea Ecuatorial «son exclusiva responsabilidad de las autoridades ecuatoguinenas y de las del Banco Exterior de España». El secretario de Estado para la Cooperación Internacional manifestó que los responsables del Guinextebank jamás consintieron en dar cuenta de su actuación a la Embajada española en Malabo. «El Ministerio de Exteriores quiso poner orden en el caos, pera nunca se nos permitió ayudar», dijo el político socialista. Yáñez anunció que Obiang iba a viajar a España en diciembre y que no se pensaba reducir la ayuda a Guinea aunque posiblemente hubiera que replantear la forma de hacerlo y «empezar desde cero».
En aquella última sesión pública de la comisión comparecieron Enrique Bernaldo y Gabriel Abad, los funcionarios destituidos en octubre de 1987, quienes reconocieron que el cambio negro era una actividad normal en Guinea antes de la sustitución del ekuele par el franco cfa, pero negaron que se hubieran producido irregularidades en la cooperación.
Finalmente, el 16 de noviembre el Pleno del Congreso aprobó las propuestas redactadas por Ciríaco de Vicente, con 149 votos del PSOE y la abstención de la oposición que denunció el fracaso de la cooperación española en Guinea Ecuatorial, según Juan Manuel de Fabra, más por desidia que por ineptitud. Ciriaco de Vícente explicó que en el texto se daba el carácter de «preferente» a las relaciones de España con Guinea y que seguirá la cooperación, especialmente en los campos educativo, cultural, sanitario y económico. En el dictamen se instó al Gobierno a controlar más de cerca las ayudas que se conceden a Guinea, para evitar la repetición de errores cometidos.
Jordi Casas criticó «la irresponsabilidad del Gobierno» al no asistir ningún miembro del ejecutivo, ni el secretario Estado para la Cooperación Internacional, al Pleno en el que aprobó el texto. También protestó por no haber declarado el ministro de Asuntos Exteriores y por la ocultación de datos e informes.
En el informe de la comisión tampoco se citaba el nombre ningún responsable de las irregularidades o casos de corrupción en la cooperación. Por todo esto, los representantes de la oposición decidieron abstenerse, y no votaron en contra al haberse incluido algunas de sus enmiendas y para que empezara a prepararse cuanto antes el nuevo plan de cooperación, que debía estar listo antes del 1 de julio de 1989, para ponerse en práctica entre 1990 y 1993.
Ciriaco de Vicente reconoció que la cooperación había tenido fallos, pero dijo que los errores no eran sólo del Gobierno socialista, por lo que se complicaba la depuración de responsabilidades. En las conclusiones que redactó en solitario sitúa el origen de los fracasos posteriores en el apresuramiento de la operación de ayuda emprendida en 1979 y en la dispersión de la cooperación. El informe reconocía, al menos, que la gestión del Guinextebank fue «desastrosa y atípica».
Luis de la Rasilla manifestó en una colaboración periodística que de los trabajos de la comisión se deducía que «nuestras relaciones con Guinea continúan siendo una covachuela inaccesible repleta de misterios». El ex-director de la oficina de la UNED en Guinea dijo que los dos meses de trabajo de la comisión sólo habían servido para producir «dieciséis folios socialistas cutres que omiten toda alusión explícita a nueve años de caos y complicidad».
En ese momento, el nombre del sargento Mico volvió a aparecer en los medios de comunicación españoles. Diario-16 descubrió a una hija del militar golpista en Madrid, Gaudencia Bela Mico, quien manifestó que su padre había sido asesinado varios años antes en la cárcel de Malabo. «El Gobierno español no ha cumplido los compromisos de visitar a mi padre y hacer que el presidente Obiang respete su vida», declaró Gaudencia, madre de siete hijos a los 25 años de edad.
La «resurrección» del sargento Micó tuvo gran repercusión en España. Un portavoz de la OID informó el sábado 19 de noviembre de la celebración de una reunión del embajador de España en Malabo, Manuel Alabart con el sargento, en presencia de las cámaras de la televisión guineana. Mico acusó a España de no haberle ayudado. En el coloquio con el diplomático español, celebrado en el Ministerio de Asuntos Exteriores guineano, Mico afirmó que no tenía ninguna hija viviendo en España o que se llamara Gaudencia y pidió a la prensa española que deje de dar «noticias falsas y emplear mi nombre para aprovechar la coyuntura».
Alabart acusó al Gobierno guineano de no respetar derechos humanos en determinadas ocasiones y recordó que dos españoles habían sido azotados recientemente en Bata. Acosado por periodistas guineanos, el embajador contestó con cierta dureza a las críticas de la cooperación y aseguró que «no hay ninguna prueba de que los cooperantes españoles se hayan quedado con el dinero, como han denunciado algunas autoridades ecuatoguineanas». Los periodistas llegaron a preguntar a Alabart la razón por la que el presidente Felipe González estaba acompañado en el Gobierno por tantos sevillanos, comparando la situación española con la hegemonía de los hombres de Mongomo en Guinea Ecuatorial.
Medios diplomáticos españoles manifestaron que con esa aparición de Mico el Gobierno guineano intentaba allanar el camino para que el presidente Obiang pudiera ser recibido en Madrid antes de finalizar 1988.
Gaudencia Bela Mico y el opositor Severo Moto reconocieron a Venancio Mico al ver el video, pero afirmaron que en esa situación no podía hablar con libertad. Para demostrar que Gaudencia era realmente hija del militar golpista mostró unas cartas por las que en 1985 solicitó al Gobierno español la condición de refugiada política.
http://www.asodegue.org/hdojmc68.htm
