El jueves 14 de septiembre de 2017, se supo a través de la TV nacional que el fiscal pedía la pena de muerte para tres de los inculpados en el juicio que se estaba celebrando en Mikomeseng por el crimen conocido como el de “Nkomoyos”. El sábado día 16, a las 11h, fueron leídas, en nombre del Presidente Obiang Nguema, primer magistrado de la nación, las siguientes sentencias para los tres referidos encausados:
- Raimundo NFUBE ONVA, alias “Cuchi Cuchi”, condenado a la pena capital y 7,5 millones de Francos CFA de indemnización a la familia perjudicada. Raimundo es miembro activo de la Asociación Hijos de Obiang (ASHO) y Delegado de Deportes de Mikomeseng.
- Fausto Luis NVE ADUGU, alias “Fause”, condenado a la pena capital y 7,5 millones de F CFA de indemnización a la familia perjudicada. Fausto es un delincuente habitual conocido y protegido por el régimen. Es sobrino directo de la víctima.
- José Ramón NSANG, alias “Solo”, condenado a 30 años de prisión y 3 millones de Francos CFA de indemnización a la familia perjudicada.
Hubo otros implicados en el sumario, que fueron absueltos; otros ni siquiera comparecieron, como es el caso, por ejemplo, del propio Delegado del Gobierno.
Esta macabra historia comienza en el distrito de Mikomeseng en la segunda quincena del mes de octubre de 2016 con la desaparición del maestro Damián MOTUHU ALOGO. Funcionario del Estado, Damián era natural del poblado de Nkomoyos Eseng y estaba destinado como maestro en el poblado de Mosoc Yemendjim. Fue durante el censo de enseñantes cuando Angelina Mifumu se pregunta por el paradero de su primo Damián al que nadie había visto desde varios días. Damián Motuhu era viudo y vivía solo; sus hijos, ya mayores, vivían en las grandes ciudades. Entonces la familia acude primero al Delegado del Gobierno de Mikomeseng, Wenceslao Nzamyo Enguang, luego al Jefe Militar y al Comisario de Policía, para señalarles esta desaparición y promover una operación de búsqueda. Pero no recibieron de las referidas autoridades ni el apoyo esperado ni notaron interés alguno por lanzar ninguna operación de búsqueda. Nadie sabía ni quería hacer nada. Damián Motuhu estaba sencillamente desaparecido y, para las autoridades, no parecía que fuese un tema relevante.
Hasta que Angel Mesie Mibuy (ministro), Presidente de la Comisión de Seguimiento del PDGE de Mikomeseng, llega a Nkomoyos y la familia del desaparecido le presenta su queja y su frustración ante el desinterés de las autoridades del distrito por encontrar a Damián Motuhu. Angel Mesie les ofrece entonces dinero para emprender acciones destinadas a encontrar al desaparecido.
Días después, mientras consumían Malamba (la bebida local) en un salón del poblado de Edjam, el azar quiso que José Ramón Nsang (el conductor habitual del desaparecido) hiciese comentarios reveladores de un homicidio en un bosque en presencia del catequista Victoriano, primo del desaparecido. Victoriano informó a su vez a Acacio Nsue, agente de la Seguridad de Información, el cual provocó la detención de José Ramón Nsang por supuesta implicación en un homicidio. José Ramón acabó confesando los hechos, lo cual condujo a la detención de otros implicados.
Los hechos, tal como nos los reportan nuestras fuentes desde Mikomeseng, revelan que, de acuerdo a una trama urdida por Fausto, Damián Motuhu fue conducido por José Ramón Nsang, su conductor, a una emboscada donde fue secuestrado y llevado al bosque de Midjeng. Allí lo mataron golpeándole a la cabeza con barras de hierro. A continuación lo mutilaron extrayéndole la lengua, los ojos y los órganos genitales. El resto del cuerpo fue trasladado en el vehículo de Fausto para ser entregado a alguien cuyo nombre permanece oculto, mientras su vehículo personal era ocultado muy lejos de aquel lugar. Rumores persistentes en Mikomeseng apuntan que el cadáver fue entregado al Delegado del Gobierno quien lo conservó en su congelador personal. Este es un extremo verosímil que nunca podrá ser verificado.
En claro lenguaje local, esto significa crimen ritual, es decir, crimen por encargo de una persona poderosa, generalmente una autoridad intocable de alto rango cuya identidad difícilmente será revelada o, si lo fuera, en ningún momento será inquietada. La falta de interés de las autoridades del distrito por encontrar al desaparecido es elocuente. O sea, nos ubicamos aquí en las prácticas primitivas difícilmente comprensibles que entremezclan espiritismo, brujería y antropofagia, y que sustentarían el poder del régimen que actualmente gobierna Guinea Ecuatorial.
Esto deja entender que la exhumación del supuesto cuerpo de Damián Motuhu Alogo realizada en Mikomeseng el pasado día 13 de septiembre era puro teatro. No hay posibilidad alguna de identificar en Guinea Ecuatorial un cuerpo enterrado un año antes. Probablemente se tratase del cuerpo de cualquier otra víctima de los mismos asesinos.
En efecto, los tres condenados pertenecen a un grupo de matones de Mikomeseng conocido en el distrito bajo el nombre de “Obos”, una auténtica asociación de criminales. Obos ha protagonizado varios actos criminales en el distrito: el asesinato de Santos Mico, de Ntang Esacunan; el asesinato de José Juan Bokung, alias “Abuelo”, de Ntang Esacunan; el intento de asesinato de María Dolores Anguesomo Akue Nchama; el asesinato de Justino Mba Obama Betebe durante la fiesta patronal de Esanvin y el de Olo Nve, de Nkomo Odjap, en la misma fiesta patronal; el de Baltasar en la fiesta patronal de Eseng Enok, solo por citar algunos casos.
Los tres condenados se encuentran actualmente en el penal de Evinayong, en el centro de la parte continental del país. Son fusibles a los que sin duda se ha pedido paciencia y discreción, prometiéndoles rápida liberación y protección para que no se vayan de la lengua; pero son fusibles que pueden saltar en cualquier momento. Está claro que el régimen tomará todas las precauciones necesarias para que no digan más de lo que ya se sabe, incluyendo la posibilidad de acallarlos definitivamente si fuera necesario.
Todo esto interviene cuando Guinea Ecuatorial ha adquirido el compromiso nacional (votado en 2014 por el Parlamento nacional) e internacional (ante la Comunidad de Países Lusófonos) de aplicar una moratoria para la suspensión temporal de la pena de muerte. En este contexto, resulta sorprendente que un fiscal la pida y un juez la confirme en su sentencia.
