Por Bonifacio Nguema Yembi
Dicen que se actuó contra el Comercial Santy por vender productos caducados a los ciudadanos, cosa que hay que aplaudir, pero se echa de menos que se actúe del mismo modo cuando la empresa que comete los abusos es una empresa estatal.
Da la sensación de que es más fácil actuar cuando la empresa que comete los abusos es una empresa privada, ya que empresas estatales como GETESA, cuyos clientes de telefonía móvil se han quejado de cobros de servicios que siquiera han consumido, son gestionadas por el propio gobierno.
Ahora bien, la falta de respeto al ciudadano guineano, que ya es casi una cultura más en nuestro país, igual que la corrupción, se da en todos los ámbitos, y empieza desde el momento en que son las propias autoridades y dirigentes del país los primeros que NO valoran a sus ciudadanos, «gente de estatus social baja», piensan.
Los cargos públicos de nuestro país deberían respetar más a los ciudadanos, no hacer con ellos lo que les venga en gana, tratándolos con desdén, NO se olviden que están al servicio del ciudadano, porque son los ciudadanos los que hacen posible su salario, y les dan trabajo con los impuestos que pagan.
Con este panorama, no nos extrañe entonces, que el trato de las empresas extranjeras que comercian en nuestro país sea el de replicar la misma actitud que nuestras autoridades, ellos cogen el ejemplo y hacen exactamente lo mismo: despreciar al ciudadano, ¿Por qué iban a hacer lo contrario? El abanico de este maltrato social se extiende de igual modo a las administraciones públicas, tramitar documentos personales como el DNI, pasaporte, carnet de conducir, etc, trámites que en un principio deberían ser simples, se convierten en muchas ocasiones en una auténtica odisea para el ciudadano común.
El Ayuntamiento, que nunca ha mantenido la ciudad limpia como es debido, pero bien que cobra sus impuestos diarios a los comerciantes. Algunos policías de tráfico, en su afán de ganar un dinero extra, le pueden confiscar el coche a uno, para inducir al dueño al rescate, en lugar de ponerle una multa si se ha saltado alguna norma de tráfico, etc.
Los ciudadanos no pueden convertirse en víctimas perpetuas, primero para las autoridades y dirigentes, que no tienen en cuenta sus derechos, haciendo vista gorda con las quejas de éstos; ni pueden convertirse en víctimas de unos empleados públicos frustrados, seguramente por sus malos salarios y la angustia de no llegar a fin de mes.
No pueden convertirse ni mucho menos, en víctimas recurrentes para empresas de servicios estatales o privadas, que en su afán de sacar más beneficios, ponen en marcha métodos poco ortodoxos con el beneplácito de unas autoridades que en lugar de velar por los intereses de los ciudadanos, velan por los suyos propios.
